Finanzas provinciales: qué capacidad de negociación tiene cada gobernador rumbo al Pacto de Mayo

Aunque el Gobierno logró superávit financiero durante el primer bimestre del año, en parte se debió al recorte de las transferencias a las jurisdicciones; cuál es la situación fiscal de cada una y su dependencia de la Nación

Melisa Reinhold

Las cuentas públicas del Estado tienen una doble realidad. Mientras que el Gobierno celebró haber alcanzado un superávit financiero durante el primer bimestre del año, que le permitió acumular un saldo positivo de $856.520 millones, en las provincias el ajuste se siente en la caída de las transferencias que reciben. La constante repetición de la frase “no hay plata” explica parte de la pelea entre Nación y los gobernadores, a dos meses de la convocatoria al “Pacto de mayo”, encuentro donde el Presidente espera que se firme un compromiso por un “equilibrio fiscal innegociable”.

De acuerdo con un análisis de la consultora económica Analytica, parte del resultado fiscal positivo se sostuvo por una contracción del 77% real de las transferencias corrientes a las provincias, entre otros aspectos, como el freno a la obra pública y la licuación de jubilaciones. A eso se le suma una caída en las transferencias automáticas por coparticipación, que en enero se redujeron un 10,1% interanual y en febrero, un 17,2%. El escenario termina por completarse con las intenciones del Gobierno de condicionar sus opciones de endeudamiento, por ejemplo, con la limitación que puso el Banco Central al crédito que pueden utilizar de los bancos provinciales.

“La heterogeneidad social y productiva de las 24 jurisdicciones supone capacidades de respuesta diferenciadas ante el nuevo escenario. La discusión se torna relevante de cara al 25 de mayo, fecha en la que Javier Milei convocó a las provincias a firmar un pacto de 10 puntos, y también por la necesidad del Gobierno de generar acuerdos políticos para darle sostenibilidad y previsibilidad al programa económico. Esta última cuestión es fundamental para consolidar la credibilidad y generar confianza en los inversores”, señaló.

Mientras tanto, la tendencia al ajuste continúa: las transferencias nacionales a las provincias se recortaron en un 29% anual real en la primera quincena de marzo, según Facimex Valores. Los giros no automáticos (cayeron 70% real) fueron prácticamente nulos para Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquén y San Luis, que registraron caídas superiores al 99% interanual real en la primera quincena del mes.

“El efecto del ajuste fiscal nacional en las finanzas provinciales es negativo, lo cual dificulta la ingeniería política del ajuste hacia adelante. Las provincias pierden por las menores transferencias discrecionales (0,1% del PBI) y también porque pierden coparticipación por la caída en la recaudación de Ganancias y otros impuestos. Mientras tanto, el aumento en la recaudación por el impuesto PAIS y derechos de exportación no se coparticipa”, agregaron desde la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Radiografía fiscal de las provincias

Para analizar la situación de las provincias, desde Analytica elaboraron una radiografía de cada jurisdicción basada en el análisis de ingresos, datos, resultados fiscales y stock de depósitos bancarios. El primer indicador que señalaron fue el resultado financiero como porcentaje de los ingresos corrientes, descontando en estos últimos las transferencias discrecionales desde la Nación.

“A menor porcentaje, mayor es la necesidad de la provincia de mantener una buena relación con la Nación y también la dependencia del endeudamiento, dado que la opción de aumentar la recaudación propia de impuestos en términos reales luce poco factible en términos políticos y sociales”, explicó. Al tercer trimestre de 2023, últimos datos disponibles, este grupo se conformaba por San Luis (-28%), Chaco (-16,7%), Buenos Aires (-15,9%) y Tucumán (-11,1%).

En cambio, 14 provincias disponían de una mayor capacidad relativa de respuesta ante un cambio de la coyuntura económica, consideradas como “mejor posicionadas”. En este segmento se destacó la Ciudad de Buenos Aires (+16,8%), seguida a bastante distancia por La Rioja (+6,2%), Córdoba (+5,5%), Santiago del Estero (+5,4%), Mendoza (+5,1%) y Chubut (+4%).

“Esa foto empeoró en el último trimestre del año, no solo por la caída en el nivel de actividad, sino por los menores ingresos provinciales, dada la virtual desaparición del impuesto sobre las ganancias personales. En la última parte de 2023 dicha recaudación se contrajo 32% interanual en términos reales, siendo uno de los principales impuestos coparticipados. No es casual que, a modo de compensación, el Gobierno nacional ofrezca dar marcha atrás con la medida impulsada por Sergio Massa”, remarcó.

Para que las provincias lleguen al “Pacto de Mayo” se podían dar dos supuestos. En primer lugar, una licuación de los gastos de los gobiernos locales producida por la caída de salarios y jubilaciones. “Esto ocurre principalmente en las jurisdicciones con elevada participación de ambos conceptos sobre el gasto total”, remarcaron. O, segundo, por las regalías de las provincias hidrocarburíferas que se beneficiaron de la devaluación y los récords de producción de petróleo en la mayoría de ellas.

“La elevada heterogeneidad provincial implica un final abierto en la negociación global, ya que algunas de las jurisdicciones ‘fuertes’ podrían imponer ciertas condiciones al Gobierno, consiguiendo nuevos ingresos (vía impuestos, transferencias o deuda), y otras ‘débiles’ se inclinarían por ceder, recortando gastos. Del resultado de la negociación dependerá si se irá hacia un mayor ajuste del empleo provincial o hacia una transición financiada con deuda o recursos frescos desde Nación, ya sea por coparticipación o transferencias discrecionales”, dijo.

Al analizar tanto la solidez fiscal (entendido como el resultado primario e ingresos totales) como el stock financiero de cada jurisdicción, sale a relucir que la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza serían las que tienen mayor poder de negociación. Por el contrario, las provincias más condicionadas serían Chaco, Santa Fe, Tucumán y La Rioja

Además, en términos regionales, las provincias más favorecidas por el reparto de la coparticipación serán las más frágiles en la generación de empleo registrado. Por caso, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes son las jurisdicciones con menos empleados registrados en el sector privado cada 1000 habitantes. “La falta de desarrollo de un sector privado potente tuvo como consecuencia estados provinciales y municipales actuando como ‘empleadores de última instancia’”, indicó la consultora Analytica.

Sin embargo, agregó que no siempre un alto gasto en personal y seguridad social se asocia a mayor cantidad de empleo público. Por ejemplo, en la composición del gasto en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la participación de la seguridad social y personal se encuentra en torno al 70%, por los altos salarios de las provincias petroleras.

“En cambio, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero no están tan expuestas debido a que la media salarial es más baja. Otras jurisdicciones, como Río Negro y Jujuy, presentan una situación balanceada entre empleo público y gasto en personal”, cerró.

Fuente: La Nación

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre fueron necesarios $745.270 para una familia de cuatro integrantes, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña

Luján Berardi

La aceleración inflacionaria de diciembre, que según los últimos datos publicados en la Ciudad fue de 21,1%, luego de la caída de los programas de congelamientos, controles y acuerdos de precios, a lo que se sumó la devaluación del 54% del dólar oficial y el aumento de los combustibles, repercutió en el repunte de los precios, el nivel de actividad y consumo.

En este escenario, la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), informó que una familia de cuatro personas (dos mayores y dos menores) necesitó un ingreso total de $745.270 en diciembre para ser considerada de clase media, comprendiendo en ese estrato el hogar cuyos ingresos son de al menos 1,25 de la canasta básica total.

La cifra representa la necesidad de obtener $142.203 más que en noviembre, es decir, el incremento de un mes a otro fue de más de 23%, evidenciando, una vez más la aceleración en el costo de vida de las últimas semanas de 2023, un número que también se condice con los datos y las proyecciones sobre la inflación de diciembre, que, además del dato del lunes, se estima que, a nivel nacional podría rondar entre el 25% y el 30%.

Estos números contemplan los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como la indumentaria. Es que los precios de la canasta básica total (CBT), que sirve para medir la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que se usa para delimitar la indigencia, van a la par de los movimientos inflacionarios.

Cabe destacar que los valores que publicó la DGEyC corresponden a una familia tipo de dos adultos (varón y mujer de unos 35 años) económicamente activos y dos hijos varones (de 9 y 6 años), propietarios de su vivienda, por lo que no se toman en cuenta cuestiones como el alquiler.

En la comparativa con el año anterior, este piso mínimo de ingresos en diciembre de 2022 fue de $235.188, por lo que el aumento anual fue de $510.082, un 216%, también en línea con lo esperado respecto de la inflación interanual.

“En diciembre la inflación mensual en la Ciudad de Buenos Aires aumentó casi 10 puntos porcentuales respecto a noviembre, llegando al 21,1%. Eso reflejó un salto en las distintas canasta de consumo, que, siguiendo la ponderación que hace el gobierno de la Ciudad, se traduce en que, para seguir siendo de clase media, los gastos de ese sector debieron aumentar 23,6%”, indicó Claudio Caprarulo, director de Analytica, sobre la relación entre los datos de ingresos e inflación.

Y agregó: “En un contexto donde los salarios crecieron en menor porcentaje, muchas familias acudieron a ahorros para mantener sus pautas de consumo, mientras ya se evidencia que en algunos casos hubo modificaciones en estas. Hacia adelante, esta tendencia se va a profundizar”, aseguró el especialista.

Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, sostuvo: “En principio, plantea niveles de ingresos que surgen de la canasta de consumo típica, que en muchos casos pueden estar muy por encima del ingreso promedio familiar, inclusive en CABA”. Además, recalcó, al igual que Caprarulo, que esta situación empeorará de acá en adelante.

“Las cifras van a seguir deteriorándose, porque en las próximas semanas comienzan a impactar los aumentos en transporte, prepagas, educación, tarifas. Es decir, en muchos servicios que hasta ahora, en CABA, venían más rezagados que en otras regiones —aseguró el economista—. Esto implica que, de no mediar aumentos en los ingresos que compensen esto, el deterioro de la condición de la clase media y la vulnerable será mayor. Es un escenario complejo para administrarlo en el contexto de una sociedad cansada, con expectativas y dispuesta a hacer un esfuerzo, pero que claramente va a ir tornándose cuesta arriba”.

Estos resultados repercuten directamente en la persistencia de la clase media, como comentó el economista Jorge Colina: “Una canasta básica de $747.000 para la clase media es elevada porque el salario de la persona que está en el medio se acerca a los $400.000, con lo cual está señalando que debería tener por lo menos dos trabajadores formales ganando por lo menos el salario mediano, y el 50% de los trabajadores formales está por debajo de este, entonces el aumento de la canasta básica complica la persistencia de la clase media”.

Por otro lado, para este mismo grupo familiar, el piso de pobreza fue, también en diciembre, de $494.791, frente a los $396.761 que dieron los datos de noviembre, es decir, $98.030 más (25%). En tanto, para no ser indigente, se debió alcanzar ingresos por encima de $290.410.

Las familias del sector denominado “medio frágil” requieren ingresos aún mayores que las anteriores, lo que en diciembre implicó ingresos totales de $596.216, frente a los $482.453 de noviembre.

Por último, los sectores “acomodados” son aquellos que en diciembre ganaron $2.384.866, y este número representa $455.051 más que el mes anterior.

Fuente: La Nación

Golpe al bolsillo: todos los productos de la góndola que aumentaron más del 100%


En el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación se encontró por encima del nivel general de precios

Por Melisa Reinhold

La inflación sigue marcando récords interanuales que no se observaban desde hace 30 años. Y mientras que el país se encamina a terminar el año con una suba promedio de hasta tres cifras, según predicen los analistas, en algunos rubros ya es una realidad.

En julio, el primer rubro en alcanzar esa marca fue el de prendas de vestir y calzado. Luego, en agosto se sumó restaurantes y hoteles. Y la carrera continuó el mes pasado, con una inflación interanual del 100% también llegó al lugar que más le preocupa al gobierno: las góndolas.

El Instituto Nacional de Estadísticos y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de septiembre, que marcó un promedio del 6,2% mensual, del 66,1% en el acumulado del año, y del 83% interanual. En tanto, al observar el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, los aumentos fueron del 6,7%, 69,5%, 88,6%, respectivamente. En otras palabras: en todos los casos se encontró por arriba de la suba general de precios.

“Vemos que la inflación en este rubro sigue elevada, incluso cuando en el mundo el precio de los alimentos se está revirtiendo. No vemos ningún driver que haga pensar que desacelerará en los próximos meses en el mercado doméstico. Los alimentos ya se mueven como el resto de los precios de la economía y la nominalidad está cercana al 7% mensual en promedio”, indicó Guido Lorenzo, director ejecutivo de LCG.

No obstante, hay algunos artículos que dejan atrás la tendencia general y se posicionan mucho más arriba, aunque en este segmento suelen impactar factores estacionales. El primer lugar del listado corresponde a la cebolla, que en el último informe del Indec registró un aumento interanual del 550,85%. Mientras que en septiembre de 2021 se pagaba $53,57 el kilo, hoy se consigue en las góndolas por $348,66.

Otro caso destacado es el kilo de azúcar. Actualmente se comercializa a $230,74, mientras que el año pasado ese mismo producto se encontraba en los supermercados a $78,15. Es decir, se encareció un 195,25%.

La lista de las tres cifras continúa. El precio de la papa escaló un 177,76% frente a septiembre de 2021 ($51,18 versus $142,16), seguida por la batata (153,85%), el café molido (136,17%), una docena de huevos (132,37%), el jabón de tocador (132,21%), un litro de girasol (131,18%), un kilo de harina de trigo 000 (117,24%), fideos secos (115,80%), el jabón para lavar la ropa (114,78%), manteca (113,93%), la lavandina (111,28%), hamburguesas congeladas (108,01%), el algodón (103,59%) y la leche en polvo entera (100,07%).

“A nivel general el dato fue mejor a lo esperado. Pero alimentos sigue siendo un problema, y es parte de la explicación de por qué la inflación de precios estacionales llegó al 11,7% mensual. Un salto mayor al de julio”, observó Claudio Capraulo, director de la consultora Analytica.

Es por esa razón que el aumento en alimentos se convirtió en una de las mayores preocupaciones del Gobierno. En agosto, último dato disponible, la canasta básica alimentaria para una familia tipo (dos adultos y dos menores) costó $52.990 (+7,41%). Es el número que define el umbral de la indigencia, que ya que en el primer semestre del año aumentó 0,8 puntos y alcanzó a 4,2 millones de argentinos (8,8%).

En respuesta, semanas atrás la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló a las empresas alimentarias y dijo que “han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”. Además, expresó que es “necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector” y el diseño de instrumentos que refuercen la seguridad alimentaria en materia de indigencia.

“El rubro de los alimentos no es el que más se incrementó, pero está arriba del promedio. Eso potencia el aumento de la indigencia, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación se aceleró en marzo y los ingresos no acompañaron esa suba. Además, dentro del sector, hubo movimientos significativos en los artículos de los hogares más humildes, como panificados o azúcar”, apuntó María Castaglioni, directora de C&T Asesores Económicos. Como contraste, el salario mínimo se ubicó en septiembre en los $51.200.

Los rubros que más aumentaron

Al desgranar el dato de inflación, el rubro de Prendas de vestir y calzados continuó liderando la escalada de precios. En el último año aumentó un 118% a nivel nacional, aunque en el Gran Buenos Aires la cifra ascendió hasta un 120,5%.

En cambio, en Restaurantes y hoteles la inflación fue del 99% interanual en septiembre. Sin embargo, salvo por la región pampeana -donde se incrementó un 93,9%-, en el resto del país el número se encontró más arriba: 100,9% en Cuyo; 101,0% en el noroeste; 101,4% en el Gran Buenos Aires; 102,1% en la Patagonia; y 105,5% en el noreste.

Por detrás de alimentos y bebidas, el otro sector que se encontró por encima del nivel general de precios fue el de equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 83,6% interanual. En este caso, los números variaron entre un 77,1% (Patagonia) y 85% (Gran Buenos Aires).

Todos los rubros vienen aumentando al mismo ritmo, salvo aquellos que están más contenidos. Por ejemplo, el de Comunicaciones (41,4% interanual) y el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (58,6%). Por el momento, los dos rubros que sobresalen son los textiles [este mes empezó a impactar el cambio de temporada] y restaurantes y hoteles. En este último caso, todavía se están recuperando de la pandemia y calculamos que el dólar Qatar los va a subir más todavía”, cerró Castaglioni.

Paritarias: entre más inflación o más pobreza, el impacto de la suba de salarios en la economía


Para los economistas, este sendero implicará más suba de precios; de no hacerlo, crecerá la pobreza

Por Melisa Reinhold

En un año donde la inflación se desbocó y empezó a marcar números no vistos en las últimas tres décadas, los principales gremios reabrieron las paritarias y se sentaron firmes en la mesa para acordar un nuevo aumento salarial. En algunos casos piden una actualización arriba del 90%, en otros incluso superan las tres cifras. Son números históricamente altos, pero que se alinean con la inflación proyectada para 2022 de entre 100,3 y 101,5%, de acuerdo a las previsiones del Relevamiento de Expectativas (REM) que publica en Banco Central.

Más allá de un impacto sobre el bolsillo de los trabajadores, hay repercusiones en la macroeconomía. Por un lado, más inercia inflacionaria y presión sobre los dólares financieros son algunas de las consecuencias. Del otro lado, si la suba de precios continúa ganándole a los recibos de sueldos, avanza la pobreza y la caída del consumo.

“Las expectativas de inflación se fueron a 100%, cuando las últimas paritarias se habían cerrado en un 75-80% con cláusula de revisión. Quedaron 20 puntos abajo, por eso ahora los sindicatos firman la revisión para llegar al 100%. En esta primera instancia evalúan la inflación los sectores más firmes, como comercios, bancos, agrícolas y automotrices. Ahora, es probable que una pyme no pueda pagar una actualización del 100%. Es más, las paritarias privadas representan apenas el 25% de todos los empleos: ahí está la pérdida del salario real”, explicó Fernando Marull, economista de FMyA.

“Son lógicos los reclamos salariales, lo que intentan es recomponer el salario. ¿Tiene consecuencias? Sí, claro, primero porque es un costo más para los bienes y servicios que se producen. Con lo cual, negar que un aumento de salarios no repercute en una nueva suba de precios sería ridículo. La pregunta es a qué velocidad, porque cuando las negociaciones se vuelven trimestrales, se genera más inercia. Pero hoy el reclamo no pasa por subir los salarios, sino empatar con la inflación. Una constante para 2023 va a ser los pedidos de mayor estabilidad, en vez de mayores ingresos”, dijo Guido Lorenzo, director ejecutivo de LCG.

Los efectos sobre la macro

En un primer momento, una actualización salarial impacta sobre el consumo. Es decir, con más pesos en el bolsillo de los trabajadores, parte va a parar a la compra de bienes y servicios, algo que también termina por “fogonear” la demanda agregada a una mayor velocidad. De acuerdo con Lorenzo, incluso los asalariados que logran tener billetes extra los destinan a la compra de dólares para el ahorro. Y, a más demanda, aumenta la presión sobre las cotizaciones.

Pero con el nivel de inflación actual, ese impulso inicial dura cada vez más poco. “Entramos en un régimen de inflación donde, como las expectativas no están ancladas y las negociaciones salariales cada vez se acortan más, se termina echando más fuego sobre los precios”, agregó Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores Económicos.

También eso explica por qué en el último año se modificaron los comportamientos de consumo, según Claudio Caprarulo, director de la consultora económica Analytica. Ante la caída de ingresos en términos reales, los hogares empezaron a elegir segundas marcas o incluso a comprar menos productos en las góndolas de los supermercados como estrategia para llegar a fin de mes.

Para graficar la situación, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, comparó el escenario actual con un “pelotón de ciclistas”: una inflación que corre a la cabeza con un 7%, los salarios que intentan seguirle el ritmo, y el tipo de cambio mayorista que se empezó a mover en el orden del 6,5%. Una inercia difícil de frenar y que detrás tiene dos “shocks inesperados de aceleración inflacionaria”.

Evolución de las principales variables nominales, según Equilibra.
Evolución de las principales variables nominales, según Equilibra.

El primer acontecimiento inesperado fue la invasión rusa a Ucrania. El otro, ocurrió en julio, cuando Martín Guzmán pegó el portazo en el Ministerio de Economía. Según el economista, el primer shock llevó a la inflación de 4% mensual que marcó en 2021 a un 5 a 6%. El segundo, elevó el piso a 7% para el segundo semestre, incluso cuando el resto de los países estabilizan.

“Cuando todo corre a tal velocidad, la efectividad de la política monetaria y fiscal es menor. No hay forma de bajar la inflación que no sea con una terapia de shock, es decir, un plan de estabilización que probablemente tenga que encarar el próximo presidente electo. ¿Y cuál sería la alternativa? Que el salario no ajuste por inflación, y ahí está la recesión porque cae el consumo de todas las familias”, agregó.

La contracara, la pobreza. Para el segundo semestre de este año los economistas proyectan que la pobreza e indigencia aumentarán, en parte por la caída de los ingresos laborales reales producto de la inflación. Es más, si se compara la situación actual contra finales de los 90, hoy hay una mayor tasa de desempleo (6,9% versus 15,3% promedio), pero la incidencia de la pobreza es similar. “Eso nos dice que hay mucho trabajo precario que está por debajo de la línea de pobreza”, agregó Sigaut Gravina.

En un ciclo donde todo genera inflación, se tiene que ir hacia una coordinación de expectativas que permita bajar los precios hacia adelante. “Por eso el Gobierno está hablando de sumas no remunerativas, de acompañar con un bono, en vez de ajustar al 7%. El problema es que estamos discutiendo las paritarias con el mismo formato que cuando teníamos 20% de inflación, solo que ahora tenemos 100%. Se tienen que repensar los mecanismos, discutirlo en cada rubro y no solo empatar a la inflación, sino también cómo recuperar el poder adquisitivo de los últimos años. Si la economía no crece, los precios suben y el trabajador pierde cada mes un poquito, la conflictividad social va ir en ascenso”, cerró.