Aunque el Gobierno logró superávit financiero durante el primer bimestre del año, en parte se debió al recorte de las transferencias a las jurisdicciones; cuál es la situación fiscal de cada una y su dependencia de la Nación
Melisa Reinhold
Las cuentas públicas del Estado tienen una doble realidad. Mientras que el Gobierno celebró haber alcanzado un superávit financiero durante el primer bimestre del año, que le permitió acumular un saldo positivo de $856.520 millones, en las provincias el ajuste se siente en la caída de las transferencias que reciben. La constante repetición de la frase “no hay plata” explica parte de la pelea entre Nación y los gobernadores, a dos meses de la convocatoria al “Pacto de mayo”, encuentro donde el Presidente espera que se firme un compromiso por un “equilibrio fiscal innegociable”.
De acuerdo con un análisis de la consultora económica Analytica, parte del resultado fiscal positivo se sostuvo por una contracción del 77% real de las transferencias corrientes a las provincias, entre otros aspectos, como el freno a la obra pública y la licuación de jubilaciones. A eso se le suma una caída en las transferencias automáticas por coparticipación, que en enero se redujeron un 10,1% interanual y en febrero, un 17,2%. El escenario termina por completarse con las intenciones del Gobierno de condicionar sus opciones de endeudamiento, por ejemplo, con la limitación que puso el Banco Central al crédito que pueden utilizar de los bancos provinciales.
“La heterogeneidad social y productiva de las 24 jurisdicciones supone capacidades de respuesta diferenciadas ante el nuevo escenario. La discusión se torna relevante de cara al 25 de mayo, fecha en la que Javier Milei convocó a las provincias a firmar un pacto de 10 puntos, y también por la necesidad del Gobierno de generar acuerdos políticos para darle sostenibilidad y previsibilidad al programa económico. Esta última cuestión es fundamental para consolidar la credibilidad y generar confianza en los inversores”, señaló.
Mientras tanto, la tendencia al ajuste continúa: las transferencias nacionales a las provincias se recortaron en un 29% anual real en la primera quincena de marzo, según Facimex Valores. Los giros no automáticos (cayeron 70% real) fueron prácticamente nulos para Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquén y San Luis, que registraron caídas superiores al 99% interanual real en la primera quincena del mes.
“El efecto del ajuste fiscal nacional en las finanzas provinciales es negativo, lo cual dificulta la ingeniería política del ajuste hacia adelante. Las provincias pierden por las menores transferencias discrecionales (0,1% del PBI) y también porque pierden coparticipación por la caída en la recaudación de Ganancias y otros impuestos. Mientras tanto, el aumento en la recaudación por el impuesto PAIS y derechos de exportación no se coparticipa”, agregaron desde la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Radiografía fiscal de las provincias
Para analizar la situación de las provincias, desde Analytica elaboraron una radiografía de cada jurisdicción basada en el análisis de ingresos, datos, resultados fiscales y stock de depósitos bancarios. El primer indicador que señalaron fue el resultado financiero como porcentaje de los ingresos corrientes, descontando en estos últimos las transferencias discrecionales desde la Nación.
“A menor porcentaje, mayor es la necesidad de la provincia de mantener una buena relación con la Nación y también la dependencia del endeudamiento, dado que la opción de aumentar la recaudación propia de impuestos en términos reales luce poco factible en términos políticos y sociales”, explicó. Al tercer trimestre de 2023, últimos datos disponibles, este grupo se conformaba por San Luis (-28%), Chaco (-16,7%), Buenos Aires (-15,9%) y Tucumán (-11,1%).
En cambio, 14 provincias disponían de una mayor capacidad relativa de respuesta ante un cambio de la coyuntura económica, consideradas como “mejor posicionadas”. En este segmento se destacó la Ciudad de Buenos Aires (+16,8%), seguida a bastante distancia por La Rioja (+6,2%), Córdoba (+5,5%), Santiago del Estero (+5,4%), Mendoza (+5,1%) y Chubut (+4%).
“Esa foto empeoró en el último trimestre del año, no solo por la caída en el nivel de actividad, sino por los menores ingresos provinciales, dada la virtual desaparición del impuesto sobre las ganancias personales. En la última parte de 2023 dicha recaudación se contrajo 32% interanual en términos reales, siendo uno de los principales impuestos coparticipados. No es casual que, a modo de compensación, el Gobierno nacional ofrezca dar marcha atrás con la medida impulsada por Sergio Massa”, remarcó.
Para que las provincias lleguen al “Pacto de Mayo” se podían dar dos supuestos. En primer lugar, una licuación de los gastos de los gobiernos locales producida por la caída de salarios y jubilaciones. “Esto ocurre principalmente en las jurisdicciones con elevada participación de ambos conceptos sobre el gasto total”, remarcaron. O, segundo, por las regalías de las provincias hidrocarburíferas que se beneficiaron de la devaluación y los récords de producción de petróleo en la mayoría de ellas.
“La elevada heterogeneidad provincial implica un final abierto en la negociación global, ya que algunas de las jurisdicciones ‘fuertes’ podrían imponer ciertas condiciones al Gobierno, consiguiendo nuevos ingresos (vía impuestos, transferencias o deuda), y otras ‘débiles’ se inclinarían por ceder, recortando gastos. Del resultado de la negociación dependerá si se irá hacia un mayor ajuste del empleo provincial o hacia una transición financiada con deuda o recursos frescos desde Nación, ya sea por coparticipación o transferencias discrecionales”, dijo.
Al analizar tanto la solidez fiscal (entendido como el resultado primario e ingresos totales) como el stock financiero de cada jurisdicción, sale a relucir que la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza serían las que tienen mayor poder de negociación. Por el contrario, las provincias más condicionadas serían Chaco, Santa Fe, Tucumán y La Rioja
Además, en términos regionales, las provincias más favorecidas por el reparto de la coparticipación serán las más frágiles en la generación de empleo registrado. Por caso, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes son las jurisdicciones con menos empleados registrados en el sector privado cada 1000 habitantes. “La falta de desarrollo de un sector privado potente tuvo como consecuencia estados provinciales y municipales actuando como ‘empleadores de última instancia’”, indicó la consultora Analytica.
Sin embargo, agregó que no siempre un alto gasto en personal y seguridad social se asocia a mayor cantidad de empleo público. Por ejemplo, en la composición del gasto en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la participación de la seguridad social y personal se encuentra en torno al 70%, por los altos salarios de las provincias petroleras.
“En cambio, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero no están tan expuestas debido a que la media salarial es más baja. Otras jurisdicciones, como Río Negro y Jujuy, presentan una situación balanceada entre empleo público y gasto en personal”, cerró.
Fuente: La Nación