Ricardo Delgado: “El cepo es claramente funcional a la política económica del Gobierno”

El economista, presidente de la consultora Analytica, dijo en diálogo con LA NACION que el gobierno sabe que que no hay dólares suficientes para poder salir de manera ordenada de las restricciones existentes y advirtió que eso implica complicaciones para las inversiones que se necesitan; su visión sobre el nivel del tipo de cambio, las reservas y la inflación.

Esteban Lafuente

LA NACION>Economía

Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA); fue director ejecutivo de Ecolatina, consultor del PNUD (ONU), el Banco Mundial y el BID; fue funcionario en el Ministerio del Interior durante la gestión de Mauricio Macri; es presidente de la consultora Analytica

“Estamos atravesando el ajuste más drástico en términos fiscales, monetarios y de sector externo por lo menos de los últimos 50 años”, plantea Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, sobre el plan puesto en marcha por Javier Milei. Según el economista, el presidente impuso un “giro copernicano” en la política económica local, al conseguir apoyo social para concretar medidas de reducción del gasto, pero advierte por el impacto sobre el nivel de actividad y las restricciones al fuerte recorte del gasto. “La clave es cómo darle consistencia y estabilidad a este proceso en el tiempo”, dice Delgado en diálogo con LA NACION.

“Este programa ha implicado recortes muy drásticos en una enorme cantidad de partidas de gasto, como obra pública, transferencias a provincias, jubilaciones, todo lo que tiene que ver con la contención social. Y la discusión es de qué manera Milei va a enfrentar lo que yo creo que tiene que ser una segunda fase, en la cual la política económica debería pasar de ser trabajada y pensada desde un Sodimac o un Frávega en términos de motosierra, licuadora o aspiradora, para pasar a un hospital de alta complejidad, donde haya una guardia muy especializada que atienda a los heridos, que van a empezar a aparecer. Necesitamos expertos no solo en amputar con la motosierra, sino en empezar a atender de una manera más cuidadosa al paciente”, plantea.

-¿Sería el plan de estabilización que muchos economistas advierten que falta? ¿Cuál es su visión?

-En términos personales, creo que sí, que falta, pero me parece que el Gobierno no va a ir por ahí. Lo que tiene que hacer la política económica es darle consistencia este proceso para que no haya de vuelta a estos giros que cada tanto en la Argentina han sido sistemáticos y periódicos, que han revertido procesos. Porque empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con las propias limitaciones de las propias medidas.

-¿Cuáles?

-Una de las de las más evidentes tiene que ver con la baja en las tasas de interés, que es importante obviamente para sanear el pasivo del Banco Central y está pensada en esa dirección, para además señalizar el proceso de desinflación, que es lo que básicamente estaba buscando el Gobierno, empieza a encontrar restricciones. El salto de estos últimos días de los tipos de cambio financieros indica que la volatilidad sigue presente, en un momento en donde uno a priori hubiese pensado que en el segundo trimestre del año es donde ingresan los dólares de la cosecha gruesa de la soja, y eso hubiese previsto menos turbulencias en lo financiero. Eso no está sucediendo. La segunda lo produce el fenómeno de Misiones.

-¿Qué lectura hace de ese conflicto?

-Que hasta dónde recortar 70 puntos en términos reales en el acumulado del año las transferencias a las provincias es algo sustentable. Para poner el caso de Misiones, que es el que está hoy en discusión, recibió el mes pasado $1500 millones de aportes del Tesoro. Empiezan cuestionamientos naturales en un proceso de reformas.

-¿Cómo ve el nivel del dólar? ¿Hay atraso cambiario?

-Si juntás a cinco economistas, vas a tener seis o siete respuestas distintas acerca de si el dólar está atrasado o no. Son discusiones bizantinas. Ahora, sí me parece que la historia nos ayuda por lo menos a tomar referencias. Hoy el tipo de cambio oficial está en torno a unos $900 y algo. Al presidente le gusta sumarle el impuesto país, un 17,5% más, y da $1100. En otros momentos históricos, por ejemplo, la convertibilidad, donde nadie puede negar que el tipo de cambio estaba apreciado, ese tipo de cambio a precios de hoy sería $580, hoy estamos casi al doble. En el segundo gobierno de Cristina, entre 2011 y 2015, donde por supuesto había brecha y cepo, el tipo de cambio a hoy sería de $680. Pero claro, recordemos que, en el segundo gobierno de Cristina, el Banco Central perdió US$35.000 millones de reservas, justamente para financiar ese atraso. Todos los gobiernos, con independencia del signo ideológico, quieren y se sienten confortables que estén en un tipo de cambio apreciado, por la sensación térmica de tener un ingreso en dólares de los argentinos mayor, con las clases medias que pueden viajar al exterior sienten que ganar US$2000 o US$3000 es posible. Pero eso tiene el problema de que termina mal.

-¿Qué margen hay para acumular reservas, como pretende el Gobierno, con este esquema?

-La pregunta es si una economía como en las condiciones actuales puede tener un tipo de cambio que se va apreciando cada vez más. Tomemos una canasta de consumo básico de una familia que incluye carne, huevos, leche. Nosotros en Analytica comparamos esa misma canasta en Estados Unidos, España y otros países, con productos exactamente iguales, y comparamos los salarios mínimos en cada uno de esos de esos países, y hoy la Argentina tiene de las canastas más caras de Latinoamérica, medida en dólares financieros, y los salarios más bajos de la región, comparado con Brasil o Chile. Esa misma canasta vale menos en Madrid que en Buenos Aires, y casi igual que en Estados Unidos. Con eso uno podría decir que el tipo de cambio está apreciado.

-¿Y en cuanto a lo productivo?

-Eso implicaría que estarían entrando enorme cantidad de productos importados, y que ante la competencia del importado no habría ingreso de insumos para producir bienes locales. Pero si mirás la relación hoy entre las importaciones de insumos en los sectores transables de la economía, como la industria, el agro, el petróleo, la minería y el gas, y lo comparas con las importaciones es de los sectores no transables, básicamente servicios, banca, transporte y telecomunicaciones, esa relación en los últimos años era de seis a uno, hoy está en ocho. Eso muestra que, por el lado de los insumos, todavía no hay retraso cambiario y que hay cierta rentabilidad de los sectores transables, que son los que te generan dólares hacia adelante. Por supuesto, eso es una foto. La pregunta de fondo es, de nuevo, la necesidad de una nueva etapa de la política económica, que requiere modificar la política cambiaria, porque no podés haber acumulado 100% de inflación en lo que va de la gestión y una devaluación nominal de diez puntos. Seguir con el crawling peg al 2% mensual que viene llevando el BCRA en este contexto de inflación en baja parece bastante difícil de sostener.

-El temor del Gobierno es que cambiar eso tenga efectos inflacionarios…

-Es cierto, definitivamente. Creo que el objetivo de fondo que quiere el Gobierno es tener una tasa de inflación lo más baja posible, y es probable que tengamos un dato en mayo que sea todavía bastante inferior al de abril, pero está usando algunas cuestiones, como retrasar el tipo de cambio oficial o pisar tarifas por el otro, que son instrumentos que te sirven a corto plazo. Podés tener una inflación positiva en mayo, pero más tarde o más temprano, tanto las tarifas como el tipo de cambio lo vas a tener que corregir.

-¿Y qué visión tiene sobre esa decisión?

-Hace sentido con lo que hacen los gobiernos cuando están en gestión. La hoja de ruta teórica escrita en un escritorio cuando se choca con la realidad se encuentra que aparecen restricciones. Tenemos caída de los ingresos y los salarios, en promedio, parecidas a las que tuvimos cuando se terminó la convertibilidad en el 2002. El shock devaluatorio de diciembre es el tercero en los últimos 50 años en términos de magnitud después del Rodrigazo y de la devaluación post convertibilidad. Argentina está hoy en ese tipo de proceso, y las políticas económicas tienen que encontrar instrumentos para empezar a frenar esa monumental caída de ingresos que producen las medidas de shock iniciales.

-¿Se podría haber hecho algo distinto?

-A nadie le gusta que las familias pierdan tanto ingreso, que los aumentos en términos de precios hayan sido los que fueron en diciembre, enero y hasta febrero. Sí me parece que Milei, en términos de lo que se puede hacer en materia de política económica, está marcando un camino diferente. Esta idea de que no se puede ajustar drásticamente en la Argentina está quedando un poco atrás, y hay espacio, por lo menos en este contexto político, para poder hacerlo. Pero hacer política económica es mucho más que eso. Hay que darles estabilidad, consistencia y temporalidad a las medidas.

-¿Qué análisis hace de esa aceptación social al ajuste?

-Voy a decir algo políticamente incorrecto, y es que el gobierno de Alberto Fernández dejó un único legado positivo en materia económica, que es un muy bajo desempleo. En mi hipótesis, lo que le da tolerancia social a este drástico ajuste que está llevando a cabo el Gobierno es que arrancamos con un desempleo menor al 6%. La gente tiene un problema de ingresos, no tiene un problema de empleo, aunque ahora, por supuesto, empieza a haber problemas justamente por la caída de la actividad y el consumo. Y una cosa es defenderse contra la inflación o la pérdida de ingreso en términos reales, y otra cosa es la no defensa que implica no tener trabajo. Eso se vio al final de la convertibilidad: veníamos con cuatro años de desempleo bien superiores al 10%, llegamos casi al 20%, y por supuesto sin planes sociales. Hoy, si bien está perdiendo efectividad debido a la caída del gasto, esa red existe. Entonces, creo que el gobierno tiene todavía margen en la sociedad, más allá de no querer volver atrás y todas las consideraciones de tipo más políticas, para proseguir con un camino de consolidación fiscal y de saneamiento del BCRA. Pero para sostenerlo, hacen falta medidas más de cirujano y menos Freddy Krueger.

-¿Qué efectos tiene el cepo? ¿Hay margen para desarmarlo?

-El cepo es claramente funcional a esta política de baja tasa de baja de tasa y licuación. El gobierno sabe que que no hay dólares suficientes para poder salir de manera ordenada, y sabe que una salida implicaría un salto devaluatorio que puede echar por tierra todo lo que ya se vino haciendo en materia fiscal. Sufrir una nueva caída en términos de ingresos sería realmente muy complicado, y podría ser socialmente inaceptable. Por eso yo no veo hoy posibilidades, por lo menos en el año, para que el cepo se termine. Eso implica también una complicación para generar condiciones para que haya inversión externa y todo lo que necesita la Argentina para volver a crecer.

-¿Qué perspectivas hay en cuanto a la recuperación?

-De vuelta, la historia. Comparado con los tres eventos de grandes devaluaciones del pasado, lo que se ve es que la recuperación es un proceso lento. No hay recuperación en V. De eventos de shock devaluatorios como el que tuvimos en diciembre no se sale rápidamente, sobre todo porque el principal motor de la demanda en el corto plazo, que es el consumo privado, está muy castigado por la pérdida de ingresos y, ahora, además, por la caída en el empleo en algunos sectores como la construcción. Probablemente hayamos tocado fondo en el primer trimestre, quizás en el segundo producto del agro haya algún rebote en esos sectores vinculados, pero es muy difícil que volvamos a los niveles que teníamos antes de diciembre.

-¿Y eso cómo juega con las expectativas y el apoyo social?

-Bajar la inflación ya es una buena noticia, porque eso va a tranquilizar buena parte de los bolsillos de los argentinos, muy magros hoy. El Gobierno va a intentar llegar a niveles inflacionarios del orden del 3% o 4% hacia fin de año, que son niveles altos pero que te ponen en una condición distinta a del verano. Pero la estabilidad de eso depende de darle el marco político adecuado a la consolidación fiscal y monetaria, que es absolutamente necesaria. Las restricciones van a volver a aparecer una vez que se termine este ciclo de mayor liquidación de dólares en el BCRA en el segundo semestre, donde en general los dólares son más escasos.

-¿Qué efecto puede tener la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal?

-Es importante en términos de señal política, para la toma de decisiones privadas, económicas financieras, porque demostraría que el gobierno tiene capacidad de gestión, aún estando en minoría parlamentaria, y de sacar una ley con consensos y con acuerdos, no toda la ley que quiso en un principio. ¿Va a cambiar sustancialmente esta dinámica que comentábamos en términos estructurales? No, la verdad es que no. Hay un instrumento importante dentro de la ley, que es el RIGI, que podemos discutir si son excesivas ciertas concesiones impositivas o estabilidades fiscales que no tienen las empresas locales, pero también es cierto que la Argentina no es Perú, Chile o Uruguay, que son economías mucho más previsibles, donde la volatilidad y la fragilidad no están presentes. Argentina está compitiendo con que han tenido una mejor performance en estos últimos años y, en consecuencia, para poder captar capitales externos es necesario darles más atractivo. ¿Esto es suficiente? No. Es un instrumento, pero para darle suficiencia, se necesita todo lo otro que hablamos.

-¿Qué visión hace sobre Ganancias?

-Está de alguna manera fragmentada la Argentina. Las provincias del sur, menos proclives a sancionar un proyecto que retoma un impuesto a los ingresos, que yo creo que fue un error político haberlo eliminado. Todos los países del mundo tienen impuesto a los ingresos. Podemos discutir escalas, pero como economista yo no estoy de acuerdo en que en que no se pague impuesto a los ingresos en Argentina. No tiene ningún sentido. Discutamos niveles o escalas. Yo creo que el Gobierno va a lograr los votos necesarios, porque sobre todo en las provincias del norte no tienen un gran problema. En el sur, con los petroleros o la minería, tienen otro tipo de regímenes y de ingreso.

Pronostican una nueva baja de la inflación en mayo, pero se suman desafíos para mantener la tendencia

Las principales consultoras proyectan un alza del costo de vida de entre 4,5% y 7%, pero advierten que en los próximos meses comenzará a pesar la inercia y la caída se podría frenar

Luján Berardi

Tras el dato de inflación de abril (8,8%), que evidenció el camino de desaceleración, el Gobierno puso en marcha una serie de decisiones para mantener esa dinámica. Con la intención de no cargar con más gastos a la clase media, se postergaron los aumentos de las tarifas de gas y electricidad. Esto se suma a la ralentización de los precios de alimentos y bebidas, que impactan fuertemente en el índice, y que se estima que en mayo muestren una desaceleración importante.

Todo esto implicaría un nuevo descenso del IPC, aunque con el límite del piso que podría imponer la inercia. En otros términos: de acuerdo con los analistas, el camino hacia la baja que tuvo la suba de precios desde diciembre hasta ahora será cada vez más duro hacia delante. Eso se debe, entre otras cosas, a la dinámica propia de la inflación y a que el Gobierno comenzó a espaciar aumentos que repercutirán en los próximos meses.

Según el último informe de Econviews, los alimentos tuvieron una suba de 1,2% la última semana. Si este ritmo se mantuviera, el aumento mensual del rubro podría estar cerca del 3,5%. “En términos del nivel general, que los alimentos terminen en estos valores va a ser algo que ayude mucho, considerando el peso que tiene esta categoría dentro del índice. Por ese lado, suponemos que mayo va a venir bien. La postergación de aumentos de regulados también va a ayudar, porque en los últimos meses venían subiendo por encima de la núcleo, lo que ponía unos puntos extra por mes. Ahora, con los congelamientos, la presión va a ser menor”, detalló Alejandro Giacoia.

Con estos factores como eje principal de la medición, el economista contó que mayo podría cerrar entre 6% y 7%, un valor similar al que proyecta el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), de 7,5%. Pese a esto, también remarcó que la postergación de los ajustes no es la solución para controlar los precios: “Es lo que hizo por mucho tiempo el gobierno anterior, y sabemos que es algo que no funciona. En algún momento van a tener que hacer la corrección para que el Tesoro pueda reducir los subsidios. Creo que sería más sano que se hicieran los aumentos y se use el margen fiscal para bajar impuestos o reactivar la obra pública”, destacó.

También Analytica examinó la dinámica de alimentos: “Nuestro relevamiento de precios en alimentos y bebidas marca una inflación acumulada de 4,5% para las primeras tres semanas del mes. De mantenerse esta tendencia, el rubro podría cerrar mayo con una suba inferior a la de abril [6%]. Si a ese resultado sumamos las decisiones del Gobierno sobre los regulados, podemos proyectar una inflación general inferior al 7% para este mes”, amplió Rosario Vidaurreta, economista de la firma.

Aunque persiste la moderación de los aumentos, Camilo Tiscornia, de la consultora CyT, agregó que en la última semana no registraron “tantas bajas de precios”, como sí ocurrió a finales de abril y a principios de este mes. “Esta tercera semana vemos algunas subas en la parte de alimentos. En otras categorías, no. Por ejemplo, en productos de limpieza seguimos viendo caídas, y en alimentos sí está bajando la carne”, sostuvo. Con base en estos relevamientos, la inflación total estimada se ubicaría debajo del 5% mensual.

Aunque el conflicto entre el Gobierno y las prepagas todavía no tuvo un desenlace determinante, dada la medida de tutela anticipada de la Secretaría de Comercio, en Eco Go consideran que la disminución de las cuotas podría implicar que el IPC de mayo se ubique en torno al 4,6%. Este rubro particular tiene un peso en el índice cercano al 2%, por lo que en su estimación, si los precios cayeran representarían, aproximadamente, 0,2 puntos porcentuales menos de inflación en el mes.

Sobre estas proyecciones, Rocío Bisang comentó: “Buena parte de la baja responde a que se frenaron los aumentos en tarifas y combustibles, se demoraron las subas en trenes y subtes. En algún momento, si el Gobierno sigue apuntando a sanear las cuentas fiscales, va a ser necesario corregir esos precios, y eso va a significar, muy probablemente, un freno a la desaceleración de la inflación”.

Respecto de esto, también Giacoia planteó que la inercia va a pesar más en los próximos meses, y que eso va a significar una dificultad para perforar el 5% o 6% mensual. Las principales razones son que se achicó el margen de beneficio de las empresas que tuvieron un overshooting en diciembre, por lo que pronto van a volver a subir el ritmo de los precios; también el atraso de las tarifas de regulados, que deberán corregirse tarde o temprano; y una posible recuperación de los salarios, que empujan la demanda y presionan la inflación.

“Si el Gobierno sigue atrasando aumentos y con un crawling peg muy bajo [2%], puede que el IPC caiga un poco más, pero en algún momento se va a estacionar, la baja va a ser cada vez menor, y va a empezar a pesar la inercia. Como ningún sector quiere quedarse atrás, primero aumenta uno, después otro, y así sucesivamente, para recuperar lo que fueron perdiendo. Entonces, es cada vez más difícil que baje”, explicó.

También agregó, respecto de la aceleración del dólar blue, que llevó su cotización a $1230, el valor nominal más alto desde febrero, que por el momento no esperan que repercuta en la inflación de mayo. Claudio Caprarulo, economista de Analytica, coincidió: “Aún no proyectamos que el aumento en los dólares paralelos tenga impacto en la inflación. De todas formas, se enciende una luz de alerta que hay que seguir de cerca. Sin que sea una sorpresa, porque ya se advertía que la actual política de tipo de cambio enfrentaba grandes desafíos”.

Y sobre el piso de la desaceleración, desde Analytica consideraron que, si se mantienen las condiciones actuales, va a ser difícil que este año pueda perforarse el piso de 4,5% o 5% mensual.

Además, el último informe de LCG remarca que la contracara de la desaceleración es el desplome de la demanda, y que la verdadera prueba para evaluar si el descenso del índice es exitoso será cuando se recupere la actividad económica y los salarios recorten la caída que sufrieron en los últimos meses.

Finanzas provinciales: qué capacidad de negociación tiene cada gobernador rumbo al Pacto de Mayo

Aunque el Gobierno logró superávit financiero durante el primer bimestre del año, en parte se debió al recorte de las transferencias a las jurisdicciones; cuál es la situación fiscal de cada una y su dependencia de la Nación

Melisa Reinhold

Las cuentas públicas del Estado tienen una doble realidad. Mientras que el Gobierno celebró haber alcanzado un superávit financiero durante el primer bimestre del año, que le permitió acumular un saldo positivo de $856.520 millones, en las provincias el ajuste se siente en la caída de las transferencias que reciben. La constante repetición de la frase “no hay plata” explica parte de la pelea entre Nación y los gobernadores, a dos meses de la convocatoria al “Pacto de mayo”, encuentro donde el Presidente espera que se firme un compromiso por un “equilibrio fiscal innegociable”.

De acuerdo con un análisis de la consultora económica Analytica, parte del resultado fiscal positivo se sostuvo por una contracción del 77% real de las transferencias corrientes a las provincias, entre otros aspectos, como el freno a la obra pública y la licuación de jubilaciones. A eso se le suma una caída en las transferencias automáticas por coparticipación, que en enero se redujeron un 10,1% interanual y en febrero, un 17,2%. El escenario termina por completarse con las intenciones del Gobierno de condicionar sus opciones de endeudamiento, por ejemplo, con la limitación que puso el Banco Central al crédito que pueden utilizar de los bancos provinciales.

“La heterogeneidad social y productiva de las 24 jurisdicciones supone capacidades de respuesta diferenciadas ante el nuevo escenario. La discusión se torna relevante de cara al 25 de mayo, fecha en la que Javier Milei convocó a las provincias a firmar un pacto de 10 puntos, y también por la necesidad del Gobierno de generar acuerdos políticos para darle sostenibilidad y previsibilidad al programa económico. Esta última cuestión es fundamental para consolidar la credibilidad y generar confianza en los inversores”, señaló.

Mientras tanto, la tendencia al ajuste continúa: las transferencias nacionales a las provincias se recortaron en un 29% anual real en la primera quincena de marzo, según Facimex Valores. Los giros no automáticos (cayeron 70% real) fueron prácticamente nulos para Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquén y San Luis, que registraron caídas superiores al 99% interanual real en la primera quincena del mes.

“El efecto del ajuste fiscal nacional en las finanzas provinciales es negativo, lo cual dificulta la ingeniería política del ajuste hacia adelante. Las provincias pierden por las menores transferencias discrecionales (0,1% del PBI) y también porque pierden coparticipación por la caída en la recaudación de Ganancias y otros impuestos. Mientras tanto, el aumento en la recaudación por el impuesto PAIS y derechos de exportación no se coparticipa”, agregaron desde la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Radiografía fiscal de las provincias

Para analizar la situación de las provincias, desde Analytica elaboraron una radiografía de cada jurisdicción basada en el análisis de ingresos, datos, resultados fiscales y stock de depósitos bancarios. El primer indicador que señalaron fue el resultado financiero como porcentaje de los ingresos corrientes, descontando en estos últimos las transferencias discrecionales desde la Nación.

“A menor porcentaje, mayor es la necesidad de la provincia de mantener una buena relación con la Nación y también la dependencia del endeudamiento, dado que la opción de aumentar la recaudación propia de impuestos en términos reales luce poco factible en términos políticos y sociales”, explicó. Al tercer trimestre de 2023, últimos datos disponibles, este grupo se conformaba por San Luis (-28%), Chaco (-16,7%), Buenos Aires (-15,9%) y Tucumán (-11,1%).

En cambio, 14 provincias disponían de una mayor capacidad relativa de respuesta ante un cambio de la coyuntura económica, consideradas como “mejor posicionadas”. En este segmento se destacó la Ciudad de Buenos Aires (+16,8%), seguida a bastante distancia por La Rioja (+6,2%), Córdoba (+5,5%), Santiago del Estero (+5,4%), Mendoza (+5,1%) y Chubut (+4%).

“Esa foto empeoró en el último trimestre del año, no solo por la caída en el nivel de actividad, sino por los menores ingresos provinciales, dada la virtual desaparición del impuesto sobre las ganancias personales. En la última parte de 2023 dicha recaudación se contrajo 32% interanual en términos reales, siendo uno de los principales impuestos coparticipados. No es casual que, a modo de compensación, el Gobierno nacional ofrezca dar marcha atrás con la medida impulsada por Sergio Massa”, remarcó.

Para que las provincias lleguen al “Pacto de Mayo” se podían dar dos supuestos. En primer lugar, una licuación de los gastos de los gobiernos locales producida por la caída de salarios y jubilaciones. “Esto ocurre principalmente en las jurisdicciones con elevada participación de ambos conceptos sobre el gasto total”, remarcaron. O, segundo, por las regalías de las provincias hidrocarburíferas que se beneficiaron de la devaluación y los récords de producción de petróleo en la mayoría de ellas.

“La elevada heterogeneidad provincial implica un final abierto en la negociación global, ya que algunas de las jurisdicciones ‘fuertes’ podrían imponer ciertas condiciones al Gobierno, consiguiendo nuevos ingresos (vía impuestos, transferencias o deuda), y otras ‘débiles’ se inclinarían por ceder, recortando gastos. Del resultado de la negociación dependerá si se irá hacia un mayor ajuste del empleo provincial o hacia una transición financiada con deuda o recursos frescos desde Nación, ya sea por coparticipación o transferencias discrecionales”, dijo.

Al analizar tanto la solidez fiscal (entendido como el resultado primario e ingresos totales) como el stock financiero de cada jurisdicción, sale a relucir que la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza serían las que tienen mayor poder de negociación. Por el contrario, las provincias más condicionadas serían Chaco, Santa Fe, Tucumán y La Rioja

Además, en términos regionales, las provincias más favorecidas por el reparto de la coparticipación serán las más frágiles en la generación de empleo registrado. Por caso, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes son las jurisdicciones con menos empleados registrados en el sector privado cada 1000 habitantes. “La falta de desarrollo de un sector privado potente tuvo como consecuencia estados provinciales y municipales actuando como ‘empleadores de última instancia’”, indicó la consultora Analytica.

Sin embargo, agregó que no siempre un alto gasto en personal y seguridad social se asocia a mayor cantidad de empleo público. Por ejemplo, en la composición del gasto en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la participación de la seguridad social y personal se encuentra en torno al 70%, por los altos salarios de las provincias petroleras.

“En cambio, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero no están tan expuestas debido a que la media salarial es más baja. Otras jurisdicciones, como Río Negro y Jujuy, presentan una situación balanceada entre empleo público y gasto en personal”, cerró.

Fuente: La Nación

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre fueron necesarios $745.270 para una familia de cuatro integrantes, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña

Luján Berardi

La aceleración inflacionaria de diciembre, que según los últimos datos publicados en la Ciudad fue de 21,1%, luego de la caída de los programas de congelamientos, controles y acuerdos de precios, a lo que se sumó la devaluación del 54% del dólar oficial y el aumento de los combustibles, repercutió en el repunte de los precios, el nivel de actividad y consumo.

En este escenario, la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), informó que una familia de cuatro personas (dos mayores y dos menores) necesitó un ingreso total de $745.270 en diciembre para ser considerada de clase media, comprendiendo en ese estrato el hogar cuyos ingresos son de al menos 1,25 de la canasta básica total.

La cifra representa la necesidad de obtener $142.203 más que en noviembre, es decir, el incremento de un mes a otro fue de más de 23%, evidenciando, una vez más la aceleración en el costo de vida de las últimas semanas de 2023, un número que también se condice con los datos y las proyecciones sobre la inflación de diciembre, que, además del dato del lunes, se estima que, a nivel nacional podría rondar entre el 25% y el 30%.

Estos números contemplan los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como la indumentaria. Es que los precios de la canasta básica total (CBT), que sirve para medir la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que se usa para delimitar la indigencia, van a la par de los movimientos inflacionarios.

Cabe destacar que los valores que publicó la DGEyC corresponden a una familia tipo de dos adultos (varón y mujer de unos 35 años) económicamente activos y dos hijos varones (de 9 y 6 años), propietarios de su vivienda, por lo que no se toman en cuenta cuestiones como el alquiler.

En la comparativa con el año anterior, este piso mínimo de ingresos en diciembre de 2022 fue de $235.188, por lo que el aumento anual fue de $510.082, un 216%, también en línea con lo esperado respecto de la inflación interanual.

“En diciembre la inflación mensual en la Ciudad de Buenos Aires aumentó casi 10 puntos porcentuales respecto a noviembre, llegando al 21,1%. Eso reflejó un salto en las distintas canasta de consumo, que, siguiendo la ponderación que hace el gobierno de la Ciudad, se traduce en que, para seguir siendo de clase media, los gastos de ese sector debieron aumentar 23,6%”, indicó Claudio Caprarulo, director de Analytica, sobre la relación entre los datos de ingresos e inflación.

Y agregó: “En un contexto donde los salarios crecieron en menor porcentaje, muchas familias acudieron a ahorros para mantener sus pautas de consumo, mientras ya se evidencia que en algunos casos hubo modificaciones en estas. Hacia adelante, esta tendencia se va a profundizar”, aseguró el especialista.

Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, sostuvo: “En principio, plantea niveles de ingresos que surgen de la canasta de consumo típica, que en muchos casos pueden estar muy por encima del ingreso promedio familiar, inclusive en CABA”. Además, recalcó, al igual que Caprarulo, que esta situación empeorará de acá en adelante.

“Las cifras van a seguir deteriorándose, porque en las próximas semanas comienzan a impactar los aumentos en transporte, prepagas, educación, tarifas. Es decir, en muchos servicios que hasta ahora, en CABA, venían más rezagados que en otras regiones —aseguró el economista—. Esto implica que, de no mediar aumentos en los ingresos que compensen esto, el deterioro de la condición de la clase media y la vulnerable será mayor. Es un escenario complejo para administrarlo en el contexto de una sociedad cansada, con expectativas y dispuesta a hacer un esfuerzo, pero que claramente va a ir tornándose cuesta arriba”.

Estos resultados repercuten directamente en la persistencia de la clase media, como comentó el economista Jorge Colina: “Una canasta básica de $747.000 para la clase media es elevada porque el salario de la persona que está en el medio se acerca a los $400.000, con lo cual está señalando que debería tener por lo menos dos trabajadores formales ganando por lo menos el salario mediano, y el 50% de los trabajadores formales está por debajo de este, entonces el aumento de la canasta básica complica la persistencia de la clase media”.

Por otro lado, para este mismo grupo familiar, el piso de pobreza fue, también en diciembre, de $494.791, frente a los $396.761 que dieron los datos de noviembre, es decir, $98.030 más (25%). En tanto, para no ser indigente, se debió alcanzar ingresos por encima de $290.410.

Las familias del sector denominado “medio frágil” requieren ingresos aún mayores que las anteriores, lo que en diciembre implicó ingresos totales de $596.216, frente a los $482.453 de noviembre.

Por último, los sectores “acomodados” son aquellos que en diciembre ganaron $2.384.866, y este número representa $455.051 más que el mes anterior.

Fuente: La Nación