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BAE. 24/04/202424/04/2024

Caputo prepara su visita al FMI con la esperanza de conseguir dólares frescos

Uno de los temas que sobrevuela desde hace semanas en el Gobierno es la posibilidad de conseguir fondos frescos del FMI, lo que permitiría aliviar restricciones cambiarias

Juan Marcos Pollio

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Estados Unidos dentro de dos semanas para reunirse con funcionarios del FMI, a la búsqueda de cerrar un nuevo acuerdo con ingreso de divisas frescas. Desde hace varias semanas el Gobierno insiste en que podría salir del cepo más rápido si contara con un desembolso de USD15.000 millones.

El titular del Palacio de Hacienda asistirá a Washington para participar en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que se realizarán entre el 17 y el 19 de abril. Junto a él también estarán presentes el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Sin encuentros confirmados por el momento, fuentes del ministerio explicaron que la agenda de reuniones bilaterales se irá definiendo en las semanas previas al encuentro.

Uno de los temas que sobrevuela desde hace semanas en el Gobierno es la posibilidad de conseguir fondos frescos del FMI de la mano de un nuevo acuerdo, lo que permitiría fortalecer reservas y aliviar restricciones cambiarias. «Si me ponen USD15.000 millones, abro el cepo mañana», había dicho el presidente Javier Milei a mediado de marzo, estimación que luego retomó Caputo durante su participación en AmCham, aunque aclaró que lo harán «cuando estén las condiciones dadas».

Según estimaciones de Equilibra, unos ingresos de USD15.000 millones podrían garantizarle al gobierno «que la potencial salida del cepo sea exitosa». Sin embargo, el director ejecutivo de Analytica, Claudio Caprarulo, planteó que es difícil poner un número preciso, ya desde el Gobierno no hay una definición clara respecto a qué se refieren con salir del cepo. «¿A qué tipo de apertura del mercado de cambio van a ir? Hay que recordar que todos los países suelen tener restricciones para tratar de evitar fuertes fluctuaciones en su mercado de cambios», opinó.

En este sentido, explicó que «uno de los grandes problemas que tuvo Argentina en el último tiempo, y que la llevó a distintas crisis de balanza de pagos, fue que no convergía la oferta de dólares con la demanda que había, mucho mayor que la oferta». Desde su perspectiva, Milei aún no corrigió ese problema, entre otras razones, porque «eso implicaría un cambio en su política económica». Y detalló: «Si uno no quiere que la gente no dolarice sus ahorros, tiene que garantizar que si pone sus pesos en un plazo fijo va a tener un rendimiento mayor, eso implicaría que el Gobierno tenga que modificar su política monetaria de tasa de interés real negativa».

Por su parte, para el economista Fracisco Ritorto de la consultora ACM, «la salida del cepo es más probable a partir del segundo semestre, en donde habrá que ver cómo anda la macro para determinar si va a ser necesario un salto del tipo de cambio abrupto como fue el de diciembre».

Para Ritorto, el gobierno parece querer evitar una salida del cepo antes de ese momento, por un lado, porque, «pese a que el tipo de cambio oficial perdió un 35% de competitividad respecto a lo que fue el salto en diciembre, todavía se está por encima de los niveles de lo que se venía registrando en ese último trimestre». Por el otro, porque «en este segundo trimestre empiezan a entrar las divisas por parte del agro, lo que va a traer una calma cambiaria en el sentido de la brecha gracias al dólar blend».

Este miércoles los dólares financieros cerraron a la baja en la City. El dólar CCL cayó 1,5%, hasta los $1.069. Mientras, el dólar MEP perforo el piso de los $1.000 y finalizó la rueda a los $991,25, una caída diaria del 2,4% y con una brecha de solo 15% con el tipo de cambio mayorista.

De todas maneras, Ritorto consideró que «una brecha baja no necesariamente va a implicar una salida del cepo más rápida. No es el mismo nivel de urgencia que se puede llegar a tener en caso de que justamente la brecha sea alta». Para Caprarulo, actualmente «la brecha es muy chica y si se hace una unificación, lo que se va a tener es un overshooting, esto quiere decir un salto del tipo de cambio alto, como pasó a la salida de la convertibilidad, que después pueda ir descendiendo».

La Nación. 24/04/202424/04/2024

Finanzas provinciales: qué capacidad de negociación tiene cada gobernador rumbo al Pacto de Mayo

Aunque el Gobierno logró superávit financiero durante el primer bimestre del año, en parte se debió al recorte de las transferencias a las jurisdicciones; cuál es la situación fiscal de cada una y su dependencia de la Nación

Melisa Reinhold

Las cuentas públicas del Estado tienen una doble realidad. Mientras que el Gobierno celebró haber alcanzado un superávit financiero durante el primer bimestre del año, que le permitió acumular un saldo positivo de $856.520 millones, en las provincias el ajuste se siente en la caída de las transferencias que reciben. La constante repetición de la frase “no hay plata” explica parte de la pelea entre Nación y los gobernadores, a dos meses de la convocatoria al “Pacto de mayo”, encuentro donde el Presidente espera que se firme un compromiso por un “equilibrio fiscal innegociable”.

De acuerdo con un análisis de la consultora económica Analytica, parte del resultado fiscal positivo se sostuvo por una contracción del 77% real de las transferencias corrientes a las provincias, entre otros aspectos, como el freno a la obra pública y la licuación de jubilaciones. A eso se le suma una caída en las transferencias automáticas por coparticipación, que en enero se redujeron un 10,1% interanual y en febrero, un 17,2%. El escenario termina por completarse con las intenciones del Gobierno de condicionar sus opciones de endeudamiento, por ejemplo, con la limitación que puso el Banco Central al crédito que pueden utilizar de los bancos provinciales.

“La heterogeneidad social y productiva de las 24 jurisdicciones supone capacidades de respuesta diferenciadas ante el nuevo escenario. La discusión se torna relevante de cara al 25 de mayo, fecha en la que Javier Milei convocó a las provincias a firmar un pacto de 10 puntos, y también por la necesidad del Gobierno de generar acuerdos políticos para darle sostenibilidad y previsibilidad al programa económico. Esta última cuestión es fundamental para consolidar la credibilidad y generar confianza en los inversores”, señaló.

Mientras tanto, la tendencia al ajuste continúa: las transferencias nacionales a las provincias se recortaron en un 29% anual real en la primera quincena de marzo, según Facimex Valores. Los giros no automáticos (cayeron 70% real) fueron prácticamente nulos para Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquén y San Luis, que registraron caídas superiores al 99% interanual real en la primera quincena del mes.

“El efecto del ajuste fiscal nacional en las finanzas provinciales es negativo, lo cual dificulta la ingeniería política del ajuste hacia adelante. Las provincias pierden por las menores transferencias discrecionales (0,1% del PBI) y también porque pierden coparticipación por la caída en la recaudación de Ganancias y otros impuestos. Mientras tanto, el aumento en la recaudación por el impuesto PAIS y derechos de exportación no se coparticipa”, agregaron desde la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Radiografía fiscal de las provincias

Para analizar la situación de las provincias, desde Analytica elaboraron una radiografía de cada jurisdicción basada en el análisis de ingresos, datos, resultados fiscales y stock de depósitos bancarios. El primer indicador que señalaron fue el resultado financiero como porcentaje de los ingresos corrientes, descontando en estos últimos las transferencias discrecionales desde la Nación.

“A menor porcentaje, mayor es la necesidad de la provincia de mantener una buena relación con la Nación y también la dependencia del endeudamiento, dado que la opción de aumentar la recaudación propia de impuestos en términos reales luce poco factible en términos políticos y sociales”, explicó. Al tercer trimestre de 2023, últimos datos disponibles, este grupo se conformaba por San Luis (-28%), Chaco (-16,7%), Buenos Aires (-15,9%) y Tucumán (-11,1%).

En cambio, 14 provincias disponían de una mayor capacidad relativa de respuesta ante un cambio de la coyuntura económica, consideradas como “mejor posicionadas”. En este segmento se destacó la Ciudad de Buenos Aires (+16,8%), seguida a bastante distancia por La Rioja (+6,2%), Córdoba (+5,5%), Santiago del Estero (+5,4%), Mendoza (+5,1%) y Chubut (+4%).

“Esa foto empeoró en el último trimestre del año, no solo por la caída en el nivel de actividad, sino por los menores ingresos provinciales, dada la virtual desaparición del impuesto sobre las ganancias personales. En la última parte de 2023 dicha recaudación se contrajo 32% interanual en términos reales, siendo uno de los principales impuestos coparticipados. No es casual que, a modo de compensación, el Gobierno nacional ofrezca dar marcha atrás con la medida impulsada por Sergio Massa”, remarcó.

Para que las provincias lleguen al “Pacto de Mayo” se podían dar dos supuestos. En primer lugar, una licuación de los gastos de los gobiernos locales producida por la caída de salarios y jubilaciones. “Esto ocurre principalmente en las jurisdicciones con elevada participación de ambos conceptos sobre el gasto total”, remarcaron. O, segundo, por las regalías de las provincias hidrocarburíferas que se beneficiaron de la devaluación y los récords de producción de petróleo en la mayoría de ellas.

“La elevada heterogeneidad provincial implica un final abierto en la negociación global, ya que algunas de las jurisdicciones ‘fuertes’ podrían imponer ciertas condiciones al Gobierno, consiguiendo nuevos ingresos (vía impuestos, transferencias o deuda), y otras ‘débiles’ se inclinarían por ceder, recortando gastos. Del resultado de la negociación dependerá si se irá hacia un mayor ajuste del empleo provincial o hacia una transición financiada con deuda o recursos frescos desde Nación, ya sea por coparticipación o transferencias discrecionales”, dijo.

Al analizar tanto la solidez fiscal (entendido como el resultado primario e ingresos totales) como el stock financiero de cada jurisdicción, sale a relucir que la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza serían las que tienen mayor poder de negociación. Por el contrario, las provincias más condicionadas serían Chaco, Santa Fe, Tucumán y La Rioja

Además, en términos regionales, las provincias más favorecidas por el reparto de la coparticipación serán las más frágiles en la generación de empleo registrado. Por caso, Formosa, Santiago del Estero y Corrientes son las jurisdicciones con menos empleados registrados en el sector privado cada 1000 habitantes. “La falta de desarrollo de un sector privado potente tuvo como consecuencia estados provinciales y municipales actuando como ‘empleadores de última instancia’”, indicó la consultora Analytica.

Sin embargo, agregó que no siempre un alto gasto en personal y seguridad social se asocia a mayor cantidad de empleo público. Por ejemplo, en la composición del gasto en Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la participación de la seguridad social y personal se encuentra en torno al 70%, por los altos salarios de las provincias petroleras.

“En cambio, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero no están tan expuestas debido a que la media salarial es más baja. Otras jurisdicciones, como Río Negro y Jujuy, presentan una situación balanceada entre empleo público y gasto en personal”, cerró.

Fuente: La Nación

La Nación. 15/01/202415/01/2024

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre fueron necesarios $745.270 para una familia de cuatro integrantes, según los datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña

Luján Berardi

La aceleración inflacionaria de diciembre, que según los últimos datos publicados en la Ciudad fue de 21,1%, luego de la caída de los programas de congelamientos, controles y acuerdos de precios, a lo que se sumó la devaluación del 54% del dólar oficial y el aumento de los combustibles, repercutió en el repunte de los precios, el nivel de actividad y consumo.

En este escenario, la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), informó que una familia de cuatro personas (dos mayores y dos menores) necesitó un ingreso total de $745.270 en diciembre para ser considerada de clase media, comprendiendo en ese estrato el hogar cuyos ingresos son de al menos 1,25 de la canasta básica total.

La cifra representa la necesidad de obtener $142.203 más que en noviembre, es decir, el incremento de un mes a otro fue de más de 23%, evidenciando, una vez más la aceleración en el costo de vida de las últimas semanas de 2023, un número que también se condice con los datos y las proyecciones sobre la inflación de diciembre, que, además del dato del lunes, se estima que, a nivel nacional podría rondar entre el 25% y el 30%.

Estos números contemplan los bienes y servicios mínimos para la subsistencia, el conjunto de gastos vinculados con la adquisición o renovación de bienes durables para la vivienda, la salud y otros rubros como la indumentaria. Es que los precios de la canasta básica total (CBT), que sirve para medir la pobreza, y de la canasta básica alimentaria (CBA), que se usa para delimitar la indigencia, van a la par de los movimientos inflacionarios.

Cabe destacar que los valores que publicó la DGEyC corresponden a una familia tipo de dos adultos (varón y mujer de unos 35 años) económicamente activos y dos hijos varones (de 9 y 6 años), propietarios de su vivienda, por lo que no se toman en cuenta cuestiones como el alquiler.

En la comparativa con el año anterior, este piso mínimo de ingresos en diciembre de 2022 fue de $235.188, por lo que el aumento anual fue de $510.082, un 216%, también en línea con lo esperado respecto de la inflación interanual.

“En diciembre la inflación mensual en la Ciudad de Buenos Aires aumentó casi 10 puntos porcentuales respecto a noviembre, llegando al 21,1%. Eso reflejó un salto en las distintas canasta de consumo, que, siguiendo la ponderación que hace el gobierno de la Ciudad, se traduce en que, para seguir siendo de clase media, los gastos de ese sector debieron aumentar 23,6%”, indicó Claudio Caprarulo, director de Analytica, sobre la relación entre los datos de ingresos e inflación.

Y agregó: “En un contexto donde los salarios crecieron en menor porcentaje, muchas familias acudieron a ahorros para mantener sus pautas de consumo, mientras ya se evidencia que en algunos casos hubo modificaciones en estas. Hacia adelante, esta tendencia se va a profundizar”, aseguró el especialista.

Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, sostuvo: “En principio, plantea niveles de ingresos que surgen de la canasta de consumo típica, que en muchos casos pueden estar muy por encima del ingreso promedio familiar, inclusive en CABA”. Además, recalcó, al igual que Caprarulo, que esta situación empeorará de acá en adelante.

“Las cifras van a seguir deteriorándose, porque en las próximas semanas comienzan a impactar los aumentos en transporte, prepagas, educación, tarifas. Es decir, en muchos servicios que hasta ahora, en CABA, venían más rezagados que en otras regiones —aseguró el economista—. Esto implica que, de no mediar aumentos en los ingresos que compensen esto, el deterioro de la condición de la clase media y la vulnerable será mayor. Es un escenario complejo para administrarlo en el contexto de una sociedad cansada, con expectativas y dispuesta a hacer un esfuerzo, pero que claramente va a ir tornándose cuesta arriba”.

Estos resultados repercuten directamente en la persistencia de la clase media, como comentó el economista Jorge Colina: “Una canasta básica de $747.000 para la clase media es elevada porque el salario de la persona que está en el medio se acerca a los $400.000, con lo cual está señalando que debería tener por lo menos dos trabajadores formales ganando por lo menos el salario mediano, y el 50% de los trabajadores formales está por debajo de este, entonces el aumento de la canasta básica complica la persistencia de la clase media”.

Por otro lado, para este mismo grupo familiar, el piso de pobreza fue, también en diciembre, de $494.791, frente a los $396.761 que dieron los datos de noviembre, es decir, $98.030 más (25%). En tanto, para no ser indigente, se debió alcanzar ingresos por encima de $290.410.

Las familias del sector denominado “medio frágil” requieren ingresos aún mayores que las anteriores, lo que en diciembre implicó ingresos totales de $596.216, frente a los $482.453 de noviembre.

Por último, los sectores “acomodados” son aquellos que en diciembre ganaron $2.384.866, y este número representa $455.051 más que el mes anterior.

Fuente: La Nación

Perfil. 14/11/202223/11/2022

Adonde van a parar los bienes producto de los delitos secuestrados por el Poder Judicial

Entre 2015 y 2020 la Justicia Federal recuperó más de $ 4.900 millones. Opacidad de la información en la administración de bienes por parte del Poder Judicial. El objetivo de las cautelares y decomisos es quitar financiamiento a bandas narcos, trata de personas o lavado de activos para restituirlos a la sociedad civil y reparar a las víctimas. Experiencias exitosas en Argentina.

Por María Ester Romero

El uso de un auto judicializado, con chapa gemela adulterada, con el que el legislador Oscar González protagonizó un trágico siniestro el 29 de octubre en el camino de las Altas Cumbres y que provocó la muerte de una mujer y graves heridas en dos adolescentes, puso bajo la lupa a la Justicia: ¿qué hace y a quién destina los bienes secuestrados y decomisados?

Un informe reciente sintetiza un diagnóstico y las propuestas efectuadas por un colectivo de organizaciones que tienen en marcha el proyecto ‘Bien Restituido’ y la consultora Analytica sobre la Justicia Federal a nivel nacional. El objetivo que procura la iniciativa es reutilizar social y económicamente los bienes que son instrumento, producto y provecho de actividades criminales complejas. Es decir, quitar financiamiento a las bandas narco, de trata y que lavan activos, reparar a las víctimas directas y las indirectas –el Estado y la sociedad en general– haciendo eje en los sectores más vulnerables.

El diagnóstico sobre la problemática no es el mejor: la política criminal en Argentina demostró que todavía no trabaja con ese objetivo y que hay opacidad en la información sobre cantidad y valuación de los bienes incautados. También, que los operadores judiciales están enroscados en discusiones sobre si es un proyecto viable económicamente –el mantenimiento de autos, inmuebles, etc, es costoso– y sobre qué destino debe dárseles. Mientras tanto, hay un cúmulo de autos y viviendas que queda congelado, devaluándose o, en el peor de los casos, en manos de particulares y sin ningún fin social. Las leyes lo permiten.

Y el dato se agrava si se tiene en cuenta que un proceso judicial tarda un promedio de ocho años hasta llegar a la sentencia. Mientras tanto, los bienes pierden el valor.

En 2009, el Ministerio Público Fiscal instruyó a fiscales federales penales que, ante un caso de trata de personas, soliciten a los juzgados que inmuebles judicializados sirvan de alojamiento a las víctimas o como futura garantía de una eventual pena y/o condena pecuniaria, previendo alguna forma de indemnización a víctimas. Una buena iniciativa.

Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el acuerdo N°2/2018 aprobó el Reglamento de Bienes Decomisados y fijó pautas para la utilización “de los efectos secuestrados en causas penales que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados con finalidad pública”. No estableció criterios objetivos por lo que hay un amplio margen de discrecionalidad con la posibilidad –dice el reporte– “que en potencia se utilicen con finalidades incompatibles con la que la misma norma persigue”. Además, faltan mecanismos para rendir cuentas e información de acceso público.

Por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Poder Ejecutivo estableció en 2019 la acción civil de extinción de dominio sobre bienes obtenidos del narcotráfico, terrorismo y financiamiento de actividades terroristas, corrupción de menores, trata de personas y pornografía infantil. Pero hubo dictamen solicitando su rechazo por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. No se rechazó, sigue vigente, pero la experiencia demostró que su uso es limitado.

La casuística relevada por el colectivo de organizaciones que impulsa el ‘bien restituido’ demuestra que son casos aislados en los que magistrados dieron destino social a los bienes secuestrados. Sin embargo, si se analizan los números de inmuebles y vehículos bajo tutela judicial, la cifra es significativa. Incluyendo todo el universo de vehículos, barcos, aviones, inmuebles y dinero en diferentes denominaciones –aun los que carecen de algún dato, como fecha de secuestro– la valuación total de los bienes secuestrados entre 2015 y 2020 fue de $ 4.973,5 millones, “lo que equivale a casi la totalidad del presupuesto anual 2022 del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)”.

La tarea de relevar y cuantificar no fue fácil. Las organizaciones que realizaron el trabajo se encontraron con obstáculos: la falta de transparencia, demora en la entrega de información, inexactitudes en la valuación de bienes.

Cinco casos de reutilización social. Ante la falta de un andamiaje normativo preciso, hay experiencias basadas en la decisión personal de cada magistrado. Son elocuentes de lo que se podr ía lograr con una política criminal más extendida y reglada con claridad, aún con sus defectos y dificultades.

En 2008, el juez federal Sergio Torres procesó a tres tratantes de personas en talleres textiles clandestinos. Se incautaron las máquinas, que fueron entregadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Esta decisión conllevó la obligación, para el Inti, de generar puestos de trabajo para las personas que habían sido rescatadas de la situación de trata. El instituto celebró un convenio con el Gobierno de Caba, que generó el ‘Centro Demostrativo de Indumentaria’. Allí comenzaron a t rabaja r la s personas rescatadas de los talleres clandestinos. Actualmente hay siete cooperativas en las que se encuentran empleadas alrededor de cien personas.

Centro textil — UNA BUENA. Una experiencia positiva a partir de la decisión del juez federal Sergio Torres. Máquinas incautadas a responsables de trata laboral, generaron cooperativas para dar trabajo a las víctimas.

En 2013, el juez federal Ariel Lijo, en una situación similar, procesó a tratantes que mantenían en situación de servidumbre a ciudadanos bolivianos en talleres textiles clandestinos. Tras decomisar las maquinarias que se utilizaban en estos sitios, las entregó como depositarios judiciales a la Fundación La Alameda y a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que efectivizaron un contrato por el que entregaron la maquinaria a la comunidad indígena ‘Potae Napocna Navogoh’, de Formosa. Se constituyeron cooperativas en la comunidad y hubo capacitación a mujeres.
En una causa por narcotráfico, el juez Sergio Torres recuperó una casa usurpada y la destinó a la organización Madres contra el Paco, para que realicen allí un centro de recreación y rehabilitación de jóvenes en situación de adicción.
En 2016, la justicia capturó al narcotraficante Delfín Castedo, que introducía cocaína al país desde Bolivia para enviarla a Italia. Se secuestraron sus propiedades, de las cuales 28.000 hectáreas fueron destinadas a la Universidad de Buenos Aires por decisión del juez Federico Villena a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, con el propósito de que su explotación permita solventar becas en dicha universidad para jóvenes del norte del país.
En 2017, el juez Sebastián Casanello tramitó una causa por lavado de dinero que decantó en el secuestro y posterior decomiso de maquinaria vial. En este caso, para realizar diversas tareas, se postularon como depositarios judiciales la Agencia Nacional de Vialidad Nacional, municipios de distintas provincias y el Ejército Argentino.

QUIÉNES SON

Las organizaciones que realizaron el trabajo son: Fundación Multipolar, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Libera Asociaciones Nombres y Números contra las mafias y el Circolo Giuridico di Argentina, junto a la consultora Analytica. La meta es la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley de Administración y Reutilización Social de los Bienes Cautelados y Decomisados en causas penales. El material referido en este informe fue producido con el apoyo financiero de la Unión Europea.