Por Ricardo Delgado
En toda pieza diplomática, las palabras son cuidadosamente seleccionadas. Lo usual es que el mensaje contenga tanto una forma, de tipo protocolar, así como también un fondo, una suerte de metamensaje que establezca los contornos. La señal del subsecretario del Tesoro norteamericano al gobierno argentino cumple con esa premisa básica de la diplomacia. El apoyo de la gestión Biden a las negociaciones que la Argentina encara con el FMI y el Club de París llegará, todo parece indicar, pero bajo ciertas condiciones.
La forma del mensaje del funcionario estadounidense se alinea con uno de los dos ejes del billonario programa de reconstrucción económica que impulsa la nueva administración, el llamado American Jobs Plan.
Cuando apela a que mejoren las perspectivas de crecimiento del empleo privado argentino con un “marco sólido de política económica”, se está ajustando, en el sutil protocolo diplomático, a la propia agenda norteamericana, preocupada porque en su economía los puestos de trabajo de varias actividades de peso (construcción, manufacturas, comercio, turismo) aún no alcanzaron los niveles pre-COVID y la velocidad de su recuperación parece moderarse.
El uso de esa forma, de todos modos, no parece ingenuo, ya que se sabe que el empleo privado argentino está fatídicamente estancado en los 6 millones en los últimos diez años.
Pero subyacente al “argumento laboral”, detrás del protocolo y en el fondo del mensaje, aparece la más contundente apelación a un “sólido marco de política económica”. El objetivo que la administración Biden buscaría para la economía argentina requiere de una circularidad virtuosa y excedentaria de dólares que aún esta macro no puede ofrecer. En concreto, no hay condiciones para nuevos trabajos privados si no se invierte, y no se invierte porque prevalece la incertidumbre de reglas, y hay incertidumbre porque la macro no está ordenada y no puede generar los dólares suficientes para garantizar el repago de todas las deudas, y no existe una macro en orden porque la inflación es muy alta e incierta.
Sí, una vez más, la inflación como síntoma último de todos los desequilibrios, el obturador que imposibilita romper el círculo del estancamiento económico y social. En 2020 la pandemia y la cuarentena podían justificar la ausencia ya no de un programa antiinflacionario consistente sino de al menos ciertas balizas que sirvieran para que los privados tomen decisiones con mayor certidumbre. En 2021, no; y es paradójico, ya que el gobierno está haciendo parte de los deberes, en un esfuerzo fiscal y monetario considerable, ajustando el gasto en términos reales y administrando los excedentes de liquidez de manera mucho más orgánica que antes, ayudado en parte por la soja y por el efecto de la propia inflación sobre las cuentas públicas.
Claro que, un punto no menor, en tres meses arranca una elección crucial para el oficialismo. Cuando el mensaje del Tesoro norteamericano se suma a la estratégica balanza electoral del gobierno, ¿qué pesa más? ¿Convivir con una inflación alta pero no explosiva, “liberar” paritarias hasta fin de año e inyectar pesos en los sectores vulnerables o apostar ya a una desinflación lenta, costosa y necesitada de acuerdos políticos imposibles en lo inmediato? Mientras el abismo no esté demasiado cerca, la respuesta es clara.