Alarma por los precios: qué hizo el Gobierno hasta ahora, cómo le fue y cuáles son los límites que enfrenta

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El Gobierno pisó el dólar oficial, intentó retener las expectativas inflacionarias en salarios, aplicó congelamientos de tarifas, acuerdos de precios y sanciones a empresas; el acuerdo con el FMI y el panorama internacional ponen en duda su aplicabilidad este año

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Por Camila Dolabjian

“El viernes va a comenzar la guerra contra la inflación y los especuladores”, prometió Alberto Fernández ayer por la tarde, en Tortuguitas. No tardaron en llegar los comentarios incrédulos a través de redes sociales.

Aunque el Gobierno nunca presentó un plan económico o una hoja de ruta para bajar la inflación -como afirmó varias veces- implementó una batería de medidas cuyo éxito es, cuando menos, discutido.

Fueron cuatro los alfiles del Gabinete que llevaron adelante políticas para contener el aumento sostenido de precios, que trepó a 4,7% el mes pasado, con 7,5% en alimentos y bebidas. Miguel Pesce, a la cabeza del Banco Central, fue responsable del atraso del tipo de cambio, una de las principales herramientas para reducir las expectativas devaluatorias, de acuerdo con el Gobierno. Martín Guzmán negoció congelamientos de tarifas e intervino en los acuerdos paritarios para morigerar el efecto de los salarios en la inflación. Paula Español primero y Roberto Feletti después, desde la Secretaría de Comercio Interior, fueron los responsables de llevar adelante una batería de acuerdos, congelamientos y programas de precios, con sus sanciones, multas, controles y fiscalizaciones para las empresas y comercios.

En las últimas semanas, se sumó una cartera ministerial al abanico de medidas para contener la inflación. Se trata de Julián Domínguez, a cargo de Agricultura, Pesca y Ganadería. A través del Ministerio se creó un fideicomiso para subsidiar en el mercado interno las ventas de harina 000 y de fideos secos, afectados por, entre otros motivos, el aumento de precios del trigo y maíz a nivel internacional, debido a la guerra en Ucrania.

Los cuatro ejes estratégicos implementados hasta el momento llegaron a un cul de sac. El ritmo de devaluación comenzó a acelerarse y debería continuar por el acuerdo con el FMI; se descongelaron las tarifas de servicios públicos como gas y luz y, a diferencia de 2021, el Gobierno no pudo contener las expectativas inflacionarias en las negociaciones paritarias. En concreto, queda disponible la cuarta herramienta: los acuerdos de precios y las políticas de control.

Dólar pisado

El lento crawling peg del Banco Central en el dólar oficial fue un importante ancla de precios. El atraso del dólar fue significativo el año pasado, aunque empezó a acelerarse a partir de diciembre, cuando Miguel Pesce advirtió que buscarían alinear el ritmo devaluatorio al ritmo inflacionario.

Para los economistas, la medida comenzó a perder efectividad en el último cuatrimestre del año pasado debido a las expectativas de devaluación, la brecha cambiaria en 100% y la recuperación en el nivel de actividad.

El acuerdo con el FMI establece una continuidad en la política del BCRA. De cara a los próximos meses no se anticipa un shock brusco, sino que un aceleramiento de pequeños saltos devaluatorios para alinear con el aumento de precios.

Sin embargo, se ve como un objetivo cada vez más distante por los factores que están empujando al alza la suba de precios: incrementos en tarifas de luz y gas, los desbalances en las finanzas públicas y el aumento de precios internacionales.

“A pesar de que la inflación núcleo no incluye ni tarifas ni precios con estacionalidad, tuvo impacto el atraso del dólar como contención, más allá de los costos que generó”, explicó Claudio Caprarulo, economista de Analytica.

Tarifas congeladas

El congelamiento de las tarifas incluyó gas, combustibles y luz, entre otras. Fue la categoría del Indec que menos aumentos tuvo a lo largo de 2021. Con 28,3% acumulado, fue un poco más que la mitad del nivel general y quedó a 7,5 puntos porcentuales del segundo rubro con menos crecimiento, comunicaciones (35,8%), que también estuvo congelado. Sin embargo, el Gobierno no pudo repetir la estrategia este año.

La nafta aumentó entre el 9,5 y 11,5% el domingo por la noche, por el alza mundial del crudo ante la guerra entre Rusia y Ucrania. Fue el segundo incremento del año después del 9% aplicado en febrero.

El gas y la luz tendrán aumentos de hasta 130% para algunos contribuyentes. El Gobierno implementará, de la mano del FMI, una estrategia de segmentación que generará incrementos de entre 21% y 41% para dos grupos, cuyos subsidios serán reducidos. El tercero no tendrá más subvención del Estado y sufrirá las alzas más bruscas en ambos servicios públicos.

Salarios como ancla

En la primera reunión de 2021 entre los gremios y Martín Guzmán, el ministro de Economía mostró una presentación en la que intentó demostrar que las consultoras privadas que integran el REM mostraron, entre 2015 y 2019, escenarios con una inflación proyectada por encima de la que finalmente terminó materializándose. Para 2020 se anticipaba entre un 50% y 60%, pero la suba de precios terminó en 36,1%, “tal como nosotros lo habíamos estimado”, dijo en ese entonces.

Desde fines del año pasado, no pudo llevar adelante la misma estrategia para reducir las expectativas de inflación y morigerar las demandas de aumentos salariales.

“Después de mitad de año, soltaron los salarios como ancla y convalidaron subas promedio del 45%”, explicó Caprarulo. Octubre fue el mes con mayor activación de cláusulas de revisión. Los textiles elevaron su acuerdo al 55% anual, mientras que los plásticos firmaron 53%. La UOM (Unión Obrera Metalúrgica) lo llevó al 50% y la Asociación Obrera Minera Argentina llegó al 48%.

Ayer, la UOM cerró un aumento salarial de 45% y trazó la pauta de referencia para las paritarias del sector privado. Se estableció la misma cifra para docentes de los gremios Ctera, UDA, AMET, CEA y Sadop. A diferencia del 2021, donde Guzmán pudo hacer valer sus estimaciones de inflación -del 29%- para cerrar acuerdos de salarios, este año los negociadores estatales debieron acercarse a las expectativas de los trabajadores, lejos de la proyección del Gobierno de 33% para 2022.

Acuerdos de precios

Los acuerdos, congelamientos, programas, fideicomisos, fiscalizaciones, controles, multas, sanciones y prohibiciones son parte del raid de políticas del Estado contra la inflación y son de las pocas que podrán sostenerse este año.

Este tipo de medidas fueron muy cuestionadas por sus consecuencias a mediano plazo. Nadie discute el efecto real inmediato en algunos comercios: los precios dejan de subir porque el Gobierno así lo dispone. Sin embargo, el problema radica en el día siguiente a la finalización los programas. Para muchos especialistas, el desmantelamiento lleva indefectiblemente a una aceleración de los aumentos, antes detenidos.

Para algunos analistas, es uno de los factores que explica la fuerte alza en alimentos en los primeros dos meses del año. El acuerdo entre el Gobierno y las empresas tras el fin del congelamiento de precios incluyó un esquema de aumentos del 2% mensual para todo el primer trimestre, en los cerca de 1300 productos seleccionados. Sumado a este piso, hubo una “recuperación” de los que estuvieron estáticos por tres meses, que ejerció presión en el índice de precios.

Agostina Myronec, de Ecolatina, desagregó el Índice de Precios al Consumidor del Indec para detectar la efectividad de los acuerdos y congelamientos de precios.

“Lo que vi es que este IPC tuvo subas cercanas al 3,6% promedio mensual entre enero y octubre, por encima del promedio de la inflación. Esto es en parte a causa de que este grupo de productos estaba acelerándose como consecuencia del desmantelamiento del programa de precios máximos. Lo que te jugó a favor en un momento, se te vino en contra con el desarme”, detalló Myronec. En noviembre, se volvió a desacelerar a 1,5%.

En total, se llevaron adelante más de 20 acuerdos de precios, según el economista Damián Di Pace. “Farmacéuticos, construcción, industria intensiva de bienes durables, electrónica y electrodomésticos, ferias populares, telefonía, cable e internet. Ninguna hizo que los precios retrocedan, porque son sobre categorías y momento puntuales. Después vuelven a tomar el nivel de precios que intentaste contener en ese período”, dijo.

Las políticas de acuerdos y congelamientos se llevaron adelante con fiscalizaciones, multas y sanciones a empresas.Candidatos, funcionarios, militantes y agrupaciones se pasearon por supermercados y comercios y difundieron mensajes de repudio contra empresas alimenticias. Se registraron faltantes y góndolas vacías durante algunos períodos. No tardaron en llegar formatos o fórmulas distintas a lo pautado con el Gobierno, con precios más altos.

“Difícilmente iban a ser exitosas para contener la inflación. Fueron parches que se aplicaron para que no sea más alta de lo que fue”, comentó Camilo Tiscornia de C&T Asesores Económicos. En su visión, y la de otros especialistas, la efectividad de cualquiera de estas medidas estuvo cercenada por la política monetaria expansiva. La impresión de billetes creció casi 615% entre el primer trimestre ($135.000 millones) y el último trimestre del año (más de $965.000 millones).

A fines del año pasado, las consultoras privadas alertaron que este año sería desafiante debido a que muchas políticas deberían revertirse. Nadie incluyó en sus estimaciones la posibilidad de una guerra como la que transcurre en Ucrania, que presiona los precios internacionales al alza y enciende alarmas en el Gobierno.

Sin embargo, las pistas que Alberto Fernández dio sobre la orientación de las medidas que implementará en la “guerra contra la inflación” a partir del viernes no parece ser muy distinta a la de 2021. “Vamos a terminar con los especuladores y poner las cosas en orden, en una Argentina que ha sufrido tanto por esos cuatro años”, dijo.